En febrero se registraron 1.417 escrituras en CABA, 33,8% menos que un año antes pero 1,9% más que en enero. Como consecuencia de la cuarentena por el Coronavirus y la crisis económica que se derivará de ello, caerán las operaciones.
El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI) se reunió y manifestó su preocupación por el deficitario nivel de actividad de este sector. El de Córdoba presentó una guía de recomendaciones para estudiantes que alquilan viviendas en esa provincia y analizan hacer extensiva esta iniciativa al resto del país y para todo tipo de inquilino.
Brokers y desarrolladores sostienen que continúa el interés por posicionarse en tierras, en especial en el Corredor Norte. CABA incrementó la cantidad de lotes en oferta. El canje por metros cuadrados es la principal forma de pago.
Mientras se aguarda que la nueva ley de alquileres sea tratada este año por la Cámara de Senadores, la relación entre inquilinos, propietarios y brokers se tensa. Los locatarios demandan menores aumentos y exigencias, los dueños se lamentan por la disminución de la rentabilidad y de garantías y los inmobiliarios intentan negociar con ambas partes.
En la Legislatura porteña está abierto el proceso para aprobar modificaciones y correcciones al nuevo Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, profesionales y desarrolladores manifiestan sus opiniones a favor y en contra.
Los Colegios de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba firmaron un convenio para incorporar nuevas tecnologías en el ámbito notarial. Se espera que se sumen nuevas provincias.
Son estudiantes de la carrera en UADE, que es dirigida por el prestigioso arquitecto y urbanista Roberto Converti. Exponen una muestra sobre la línea costera de la ciudad de Buenos Aires.
El presidente entrante es el escribano Carlos Allende, quien asumirá el cargo el 15 de octubre. Sucederá a Claudio Caputo.
Artículo elaborado por el CPAU en el que se manifiesta su preocupación por las indefiniciones generadas por el cambio de los códigos urbanístico y de edificación, que impiden inversiones por u$s 1.600 millones.