Ley de Alquileres, continúa la resistencia del sector
Comunicado sobre el proyecto de ley de Alquileres presentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Además de los reclamos proponen, entre otras iniciativas, promover un plan de construcción de viviendas de hasta 60 m2 por desgravación impositiva, con obligación de los propietarios de disponerlas para alquiler por cinco años.
La Mesa de Unión Inmobiliaria y las entidades del desarrollo inmobiliario resuelven manifestar su rechazo al proyecto de ley de Alquileres por considerarlo una inaceptable intromisión del Estado sobre las relaciones privadas de los habitantes de la Nación.
Los alquileres de vivienda vienen funcionando bien en todo el territorio de nuestra República y las relaciones locativas están debidamente reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que no se explica que, a solo tres años de su vigencia, se quiera avanzar ahora sobre sus contenidos.
Una intromisión de este tipo solo generará inseguridad jurídica y pérdida de confianza, como lo prueba lo que viene ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires a partir de la sanción de la Ley 5859, que retrajo la oferta de inmuebles en este distrito, con el consecuente encarecimiento de los valores locativos. Las mismas consecuencias se comenzaron a percibir en la provincia de La Pampa, con la sanción de una ley provincial del mismo tenor que presenta la porteña.
Sin duda -de sancionarse- se va a perjudicar a todos los actores, desalentando la oferta de viviendas para alquiler. Por lo que no podemos dejar de advertir públicamente que toda intervención en el mercado de alquileres siempre impacta negativamente en la propensión a invertir en inmuebles destinados a vivienda.
Parecería que, ignorando las leyes del mercado, autoridades y legisladores quisieran complicar e inducir inseguridad jurídica a un negocio poco rentable pero atractivo por su aparente seguridad para muchos pequeños inversores. Al ahuyentarlos, ahora las curvas de oferta y demanda se cruzarán en otro punto de menor volumen y mayor precio, generando indefectiblemente el efecto contrario al buscado, es decir, encarecimiento del valor locativo.
Es importante saber que la construcción de viviendas, que representa la principal actividad económica creadora de empleo en los centros urbanos del país, se verá seriamente afectada, agravando la crisis habitacional que sufre nuestra sociedad. Por ello proponemos se implemente un plan de construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados por desgravación impositiva con obligación de los propietarios de disponerlas para alquiler por cinco años.
Asimismo, entendemos que no han sido escuchadas las distintas realidades de cada región de nuestro país en materia locativa: les hemos hecho llegar hace unos días el documento emanado de la III Cumbre Federal Inmobiliaria, realizado en la ciudad de Mendoza con la participación de 29 colegios profesionales de todo el país.
Para el caso que los gobernantes sigan insistiendo en impulsar un proyecto que tendrá como consecuencia desvirtuar un mercado que viene funcionando bien, proponemos:
· Que prevalezca la voluntad de las partes por sobre la injerencia del Estado.
· Incentivos impositivos para quienes destinen inmuebles al alquiler; por ejemplo reduciendo el 50% el impuesto a las Ganancias (o sea el 17,50%, medida de gran efecto para impulsar la oferta de locaciones).
· Incentivos para la construcción de viviendas.
· Respeto y valoración por el trabajo profesional de los corredores inmobiliarios.
· Incluir e impulsar el sistema de desalojo abreviado en todo el país para que un inquilino que no pague sea desalojado dentro de los 30 días, medida que incentivará a muchos propietarios a poner sus inmuebles en alquiler.
Invitamos a todas las entidades realmente representativas de los distintos actores en materia de locación de todo el país a sumarse a la presente Mesa, para continuar profundizando el trabajo conjunto en defensa del correcto desenvolvimiento de nuestro sector.
Instamos a los poderes del Estado a reflexionar sobre la falta de debate público sobre la temática. Reafirmamos nuestra inmutable voluntad de diálogo a fin de consensuar políticas públicas que piensen en el bien común, brindando respuestas reales y factibles a la necesidad de vivienda digna para todos los argentinos.
* Entidades firmantes: Asociación de Empresarios de la Vivienda, Cámara de Empresas Desarrolladoras Urbanas (CEDU), Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Cámara Inmobiliaria Argentina, Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires.